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Crítica al marco legal de la energía solar fotovoltaica doméstica (2009)

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Campo fotovoltaico en una granja alemana como complemento a su actividad económica
Los particulares actualmente no tienen facilidades para generar electricidad verde y ahorrar emisiones
Con buenas políticas a favor de las renovables como en el caso de Alemania se consigue una alta participación social.

Enero 2009. Es vox pópuli que el país con más Sol es también el que menos lo aprovecha para fines energéticos. Sin embargo, en este final del año 2008 será la excepción que confirme la regla. Las cifras cantan por sí solas a diferencia de lo que ocurre con la energía eólica de la que España ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto a potencia instalada. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que ha dado un vuelco. Si en el 2005 había instalados 35 MW para finales del 2006 superaba los 110 MW y a finales del 2007 se alcanzaron los 347,3 MW o sea el 18% de la capacidad mundial con un crecimiento respecto al 2006 del 400%. La publicación del nuevo Real Decreto 661 de 25 de mayo 2007, aunque con algunas sombras es la espoleta que provoca un fenómeno sin precedentes asimilable a la "fiebre por el sol". Entre principios del 2008 y el 30 de septiembre del mismo año (momento en que aparece una revisión de tarifas anunciada y que se materializa con el Real Decreto 1578/2008 para bajar drásticamente la tarifa de incentivo establecida hasta la fecha  que  era de 0,44 euros/kWh y  especialmente burocratiza hasta lo impensable la tramitación de una central solar a partir de este nuevo Real Decreto, se instalan en España casi 2.500 MW. Un récord único alcanzado en el 2008 que ha situado a España en el primer país en potencia instalada con 3.200 MW por delante de Alemania. Pero queda claro que con el Real Decreto 1578 no se volverá a repetir por qué definición  es un "decretazo para frenar la fotovoltaica" para el 2009 no se autorizarán más de 500 MW.

Otro efecto del Real Decreto 1578 es complicar la tramitación hasta lo indecible. Así que desde setiembre 2008 resulta tan tedioso promover instalaciones solares fotovoltaicas que más vale olvidarse.  Además la rentabilidad de un proyecto no es posible de conocer de antemano puesto que depende de si se cumplen o no las expectativas del llamado Plan de Preasignación, una especie de ventanilla burocrática claramente para contener el desarrollo de la fotovoltaica. Un decreto que además es una clara advertencia para que los particulares se olviden de las renovables en lo que concierne a producción eléctrica distribuida y libre de emisiones.  El Real Decreto 1578/2008 obliga a depositar un aval de 500 euros/kW, disponer de un proyecto visado con el que se ha concedido un punto de conexión  y la correspondiente licencia municipal. A partir de ahí se inscribe uno en un Plan de Preasignación que determinará si puede o no acogerse a la tarifa bonificada. Con la actual bonificación y los costes de una instalación no se amortiza en menos de 15 años. 

Para colmo, las tecnologías solares elementales como el aprovechamiento térmico para el agua caliente sanitaria de los hogares, a pesar de estar incentivadas por las llamadas "ordenanzas solares" o por la obligatoriedad del nuevo Código Técnico de la Edificación seguir avanzando poco.

El primer error en el desarrollo de la solar fotovoltaica se introdujo con el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, aprobado al final del mandato del gobierno del Partido Popular (2004) que abrió la veda a las grandes instalaciones en lugar de potenciar las domésticas de entre 5 y 10 kWp, por ejemplo. Luego se forjó el Real Decreto 661/2007, gestado para marear suficientemente la perdiz y con unas amenazas previas contundentes. Amenazas que se han hecho realidad con el Real Decreto 1578/2008. Es evidente que era necesario frenar la especulación que se había arremolinado merced al elevado incentivo o prima del kWh fotovoltaico respecto al interés del dinero bancario. Pero también es cierto que había otras fórmulas para que administraciones y entidades sin ánimo de lucro pudieran seguir potenciando proyectos fotovoltaicos con modelos participativos.

Está claro que lo de la energía distribuida y que cada familia o comunidad de vecinos, las naves de empresas en activo o las agrupaciones de pequeños inversores puedan participar en el desarrollo de las renovables con el Real Decreto 1578/2008  de facto queda vetado por la complejidad del marco legislativo (pensado exclusivamente para proyectos verdaderamente industriales y lucrativos).

España no dispone como en Alemania de un marco legal estable fijado por ley y que les permiten conectar hasta 30 kW de fotovoltaica en un tejado doméstico o de una granja sin más problema que remitir una comunicación a la administración. Aquí a cada rato el responsable del ministerio de industria del momento se descuelga con decretazos que favorecen a sectores concretos, pero para nada a la ciudadanía. Desde la Fundación Tierra valoramos que con el marco legal de producción de electricidad fotovoltaica la ciudadanía esté vetada para invertir en su casa con paneles fotovoltaicos. En otros países esto lo han resuelto. En Portugal, por ejemplo, el límite doméstico está 3,6 kWp. Quizás no es necesario inventar más. Pero es evidente que el sistema de "compra-venta" actual no sirve para el entorno doméstico. Debería existir una "tarifa de interconexión" y de este modo simplemente descontarse de la factura eléctrica la generar electricidad verde y que ahorra emisiones a una tarifa primada.

Luces y sombras para la solar fotovoltaica

La Fundación Tierra, pionera por conectar a la red eléctrica española su pérgola fotovoltaica de 2,2 kWp, ya planteó en su momento su disconformidad para que las instalaciones domésticas de menos de 5 kWp tuvieran el mismo tratamiento administrativo que cualquier central de cogeneración de hasta 50 MW. Para ello planteó el año 2000 un Recurso contencioso-administrativo para cuestionar el sistema del REAL DECRETO 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables. El tema es que esta norma por un lado incentivaba la máxima bonificación para instalaciones claramente domésticas (menos de 5 kWp) y por el otro las equiparaba en obligaciones a las de 50 MW. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya número 411/2004 de 22 de marzo de 2004 estimó parcialmente el recurso que interpuso la Fundación Tierra y advirtió que "el sistema debería mejorarse". Lo que vino a continuación  con el Real Decreto 436/2004 de 12 de marzo fue la intención de que nunca más la fotovoltaica doméstica pudiera arrancar el vuelo a favor de las grandes obras e inversiones sólo asequibles a grupos inversores. 

Respetar la intimidad

El primer problema de la energía solar fotovoltaica doméstica lo determina el hecho de que se entienda como una actividad de producción energética y como tal que debe inscribirse en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial (RIPRE). Está claro que el procedimiento previsto para las instalaciones fotovoltaicas no distingue la especificidad de una central fotovoltaica de baja potencia ubicada en una vivienda de uso residencial. Es una lástima que se siga sin atender la posibilidad de la producción fotovoltaica en el ámbito doméstico sin autorización alguna por debajo de un límite de potencia inferior a la potencia contratada.

Un hogar no es una central de producción eléctrica

El hogar de una familia, su lugar de residencia, donde están empadronados sus miembros es un espacio que debe contar con su correspondiente cédula de habitabilidad. Sin embargo, la legislación vigente reitera en el hecho de control administrativo sobre una central fotovoltaica ubicada en el tejado de una casa particular que podría ser de menor potencia que la potencia de consumo contratada.

Un hogar debería poder producir electricidad libre de emisiones con renovables al igual que podemos lavar la propia ropa sin ser considerados una lavandería. En este sentido la electricidad solar doméstica o la microeólica, por debajo de los 5 kWp, debería considerarse de autoconsumo y no como una actividad productiva. Sin embargo, bien es cierto que en una casa con paneles fotovoltaicos puede que en el momento de máxima producción en esta no haya consumo y, por tanto, la electricidad producida se vierta a la red general. En este caso, el beneficio es la restitución de parte de la energía que en otro momento estaremos consumiendo. Las instalaciones fotovoltaicas domésticas de menos de 5 kWp conectadas en la entrada de un punto de suministro eléctrico residencial no deberían considerarse para ser inscritas en el Registro Especial de Producción Eléctrica, aunque lógicamente, por el beneficio ambiental que aportan este tipo de instalaciones deberían obtener la prima al igual que una huerta solar. Esta misma normativa debería aplicarse a las instalaciones fotovoltaicas ubicadas en escuelas u otros edificios urbanos. Para instalaciones de mayor potencia especialmente sobre estructuras arquitectónicas urbanas o rurales el límite podría ser como en Alemania de 30 kWp.

La gestión de la prima por ahorrar energía

La producción de energía solar fotovoltaica en el ámbito doméstico debe calificarse de una medida de ahorro y como una aportación que la familia puede realizar a favor del medio ambiente desde su hogar. Debería existir una prima a la producción energética en el ámbito doméstico la cual fuera gestionada por la propia Compañía de suministro eléctrico sumando y restando la misma al importe de la factura de suministro. La prima debería de restarse, sin IVA, de la cuota antes del IVA de la factura de suministro. Hay fórmulas basadas en el concepto de tarifa eléctrica que podrían permitir la interconexión doméstica fuera de la complejidad burocrática y administrativa de tener que "facturar" y todo lo que conlleva el Régimen Especial.

Ahorro en emisiones

El potenciar las energías renovables tiene por objetivo final el reducir las fuentes de energía que causan el efecto invernadero por las emisiones tóxicas a la atmósfera que producen. La energía solar fotovoltaica en las cubiertas de los rascacielos o las viviendas comunitarias permitiría reducir el gasto de la electricidad de la escalera o servicios comunes de las comunidades de vecinos. Lo mismo podría aplicarse para las viviendas unifamiliares, las cuales a menudo disponen de jardín que facilita la implantación de sistemas fotovoltaicos más eficientes, como pueden ser los equipados con seguidores solares. En este sentido, la promoción de la energía solar fotovoltaica doméstica debería tener un reconocimiento especial, así como un tratamiento propio para todas las edificaciones residenciales.

Si consideramos que por cada kilovatio-hora generado con el sol pueden ahorrarse una media de 350 g de CO2, una simple instalación de un kilovatio, cuya inversión ronda los 6.000 euros y que rinde unos 1.200 Kwh/año supone el ahorro de 420 kg, una décima parte de las emisiones per cápita anuales. Tan sólo que un 30 % de los hogares españoles apostaran por este tipo de sistemas podríamos cumplir con el protocolo de Kioto. Para ello tan sólo es necesario crear un instrumento financiero que haga accesible la inversión y un instrumento coadyuvante que prime el valor de kilovatio solar por encima del consumido. De esta forma se provoca el interés economicista de ahorrar al máximo el consumo eléctrico doméstico para no sólo no tener que pagar la electricidad, sino ser incluso excedentario en determinados períodos del año. Para el sistema eléctrico este es un beneficio sin parangón, dado que la microgeneración distribuida contribuye a la estabilidad del sistema en los momentos de puntas de consumo.

Los sistemas fotovoltaicos tienen su mayor interés en el hecho de ser una de las pocas tecnologías de producción eléctrica fácilmente integrables en el medio urbano directamente sobre el sitio de consumo. Esta característica, permite aprovechar superficies existentes como claraboyas, pérgolas en terrazas, cubiertas planas, tejados, etc. sin que suponga añadir elementos perturbadores para la calidad del paisaje urbano.

Cambiar la percepción de la estética solar

Aunque probablemente resulte inaudito, los paneles fotovoltaicos son para muchos responsables del urbanismo y la arquitectura del paisaje son un elemento que afea los edificios o la naturaleza. Así algunas ordenanzas dejan claro que los paneles solares no deben ser visibles desde las perspectivas básicas (por ejemplo, desde pie de calle).

En el caso de la instalación solares en el medio rural algunas comunidades autónomas también ponen severas limitaciones a las centrales fotovoltaicas. En Cataluña la cruzada contra los parques solares sobre suelo rústico es casi demoníaca. La creación de un departamento de defensa del paisaje en el Gobierno catalán regentado por roussonianos y con intereses en los polígonos industriales de titularidad pública están impidiendo cualquier proyecto solar que sobrepasa las 3 ha de terreno.

La integración en el espacio urbano

La promoción de la energía fotovoltaica (y no digamos de la térmica) debe ir no sólo acompañada de medidas económicas, sino en este caso también de medidas que promuevan su fácil integración en el espacio urbano y sean autorizadas sin la complejidad de los mecanismos actuales. Pensemos que hoy por hoy una instalación solar se considera "una instalación" a efectos del ordenamiento municipal y por la cual hay que pagar una licencia. Bien es cierto que algunos municipios que ayudan a los ciudadanos con la energía solar luego instrumentan una subvención que, entre otras cosas, restituye la tasa del impuesto de la licencia. Sin embargo, los sistemas solares domésticos no deberían considerarse como una oportunidad del Estado de recaudar fondos, dado que es un beneficio para la comunidad que se potencie su instalación en las cubiertas urbanas. Resulta, pues, contradictorio que p r un lado se otorguen primas y por otro existan instrumentos no previstos por el legislador que suponen trabas. El nuevo Real Decreto, estas minucias le quedan anchas, pero son las que desaniman al público familiar para invertir en solar en su propia casa.

A pesar de los imperativos legales todavía los municipios se escudan en la normativa urbanística general para constreñir las instalaciones fotovoltaicas, especialmente, en el entorno urbano. Se llega al paroxismo de que algunos técnicos municipales argumentan que prefieren una cierta geometría (estética, según los mismos) aunque suponga una pérdida substancial energética del sistema. Sin duda, un contrasentido que no favorece a las apuestas por restituir electricidad de forma renovable en las ciudades.

La opción deseable

Que el futuro de la energía solar doméstica tenga en España un panorama más halagüeño depende, pues, ahora mismo de que el legislador sepa por una vez que no sólo debe atender las presiones de las grandes empresas. Que la ciudadanía también merece respeto por parte del legislador el cual debería comprender que en el rango doméstico se funciona con otros criterios contables y que la ciudadanía tiene los mismos derechos a percibir beneficios si invierte en renovables en su espacio residencial o de trabajo.

La cuestión es cómo siendo todo tan sencillo lo complicamos hasta el extremo. En 10 años, desde el Real Decreto 2898/1998 , todavía no ha sido posible que el marco legal de la fotovoltaica reconozca el hecho diferencial de los inversores familiares en su propia residencia a los que también hay que premiar su esfuerzo de los grandes proyectos energéticos con renovables.

Por tanto, debemos reiterar nuevamente que los nuevos miembros del Gobierno español siguen como autistas para comprender que esto de la energía solar fotovoltaica doméstica no debería ser más complicado que asimilar que es lo mismo comprar una lavadora, un televisor o un aspirador. Que hasta una cierta potencia, por ejemplo, 50 % por debajo de la contratada, no puede considerarse que uno realiza "un negocio". ¿Se imaginan que por tener lavadora se tuviera que pagar los mismos impuestos que los que paga la lavandería del barrio?

Ante cualquier duda frente a esta realidad la Fundación Tierra continuaremos con nuestra planta de 2,2 kWp enchufada al Sol sin aceptar la inscripción en el Registro Especial de Producción Eléctrica, y regalando la electricidad renovable que genera nuestra central solar fotovoltaica a la red y así restituir parte de los electrones "sucios" que consumimos. Han pasado 10 años inyectando electricidad renovable y evitando emisiones, y no vamos a perder la esperanza que algún día la fotovoltaica tenga un régimen específico para el ámbito doméstico.